La renovación de parte de la flota pesquera de VietNam, la introducción de un seguro social en este mismo país, la liberalizazión agrícola de Honduras... ¿qué tienen en común estos proyectos y reformas? Todas ellas han fracasado.
Según cuenta Bill Hayton, antiguo corresponsal de la BBC, en su apasionante libro Vietnam: Rising Dragon, la ayuda internacional financió un proyecto para reemplazar la flota pesquera de Vietnam. La sustitución de los pequeños barcos artesanales por barcos más grandes buscaba aumentar las capturas y desplazar la actividad pesquera hacia mar adentro, con el objetivo de recuperar los bancos cercanos a la costa. Lamentablemente, sin la formación necesaria para ese tipo de pesca en alta mar, los pescadores siguieron faenando cerca de la costa con la nueva flota. Tras un par de años buenos, la situación se tornó dramática al descender en picado el número de capturas. El proyecto logró exactamente lo contrario de lo que perseguía.
Los donantes se volvieron a lucir en 2008, cuando a instancias de Banco Mundial el Gobierno de Vietnam introdujo un sistema voluntario de seguridad social. La reforma pretendía ofrecer una alternativa de protección al sector informal, que representa cerca de un 80% del mercado laboral. Tres años después, menos de 100.000 personas participan en el esquema de seguridad social voluntario, cuando la fuerza laboral supera los 50 millones de trabajadores. Así que, por el momento, el seguro social voluntario no ha dado respuesta a la falta de protección del sector informal.
En el otro extremo del mundo, en Honduras, el gobierno redujo bruscamente el arancel a las importaciones de arroz en 1991. ¿Qué peso tendrían las recomendaciones del Banco Mundial que en esa época aconsejaba a Honduras que “sustituir los granos básicos por cultivos de exportación se traducirá en ganancias netas de empleo e ingresos por hectárea”? Las importaciones agrícolas procedentes de los EE.UU. se dispararon; y mientras los precios globales de los alimentos son más altos que nunca, el país ha pasado de ser exportador neto a importador de productos agrícolas, especialmente dependiente del arroz norteamericano.
La respuesta habitual de los donantes (sean organizaciones internacionales, gobiernos u ONG) ante estos fracasos suele ser culpar al gobierno de turno por no haber adoptado alguna medida que habría cambiado el resultado del proyecto. Es decir, nosotros no nos equivocamos; se equivocaron los gobiernos de Vietnam y Honduras.
La mayoría de los proyectos fracasados quedan en el olvido (los agricultores hondureños no se olvidan, sin embargo, de Roger Norton, economista agrícola contratado por el Banco Mundial que asesoró al gobierno hondureño). Y en muy pocos casos se mide el verdadero impacto de la "asesoría" o el lobby que estas organizaciones ofrecen a los gobiernos de países en desarrollo, hasta el punto de convertirse en actividades invisibles (especialmente cuando fracasan; cuando tienen éxito aparecen decenas de responsables).
Una notable excepción es el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial. Su análisis crítico de la política comercial impulsada por el Banco es un buen ejemplo. El informe sobre la cooperacion en Honduras reconoce el fracaso de su estrategia de desarrollo rural, aunque no lo relaciona con sus recomendaciones en política comercial, sino con la debilidad institucional de Honduras. Una de cal y otra de arena. El siguiente reto radica en lograr que las recomendaciones del Grupo de Evaluación permeen la posición y los proyectos del Banco, en todos los países y no solo en la sede. Sin un esfuerzo extra para comunicar el resultado de las evaluaciones será muy difícil lograrlo.
Si bien es cierto que los gobiernos donantes, las instituciones internacionales y las ONG se sienten obligados a ofrecer resultados positivos a los contribuyentes y financiadores, la solución no es esconder los fracasos debajo de la alfombra con la esperanza de que nadie los encuentre. Todos, incluidos los ciudadanos, tenemos que asumir que, como en cualquier otro proyecto, iniciativa o reforma -ya sea social, económica o empresarial-, hay posibilidades de acertar o de equivocarse. Las organizaciones, agencias e instituciones internacionales de desarrollo deberíamos crear oficinas independientes de evaluacion (quizás compartidas para reducir gastos y poder comparar entre diferentes enfoques), involucrar a los beneficiarios en estas evaluaciones y publicar de manera transparente los resultados. Lo que no necesitamos son alfombras bajo las que esconder nuestros errores.
